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Valoración del acuerdo PSOE, PP y CiU en torno a la “ley Sinde”

Secretaría de Desarrollo Programático del PCE / 30 ene 11

Desde la Secretaria Programática del PCE,consideramos que la chapuza acordada por el PSOE, el PP y CiU para perseguir las descargas ni siquiera consigue recuperar las garantías jurídicas para cerrar una Web, limitándose a añadir una autorización judicial para identificar a sus responsables, cosa que por otra parte normalmente puede hacerse sin más que consultar whois.net .

Lo que se trasluce es que finalmente parecen haber dado resultado las gestiones del Gobierno denunciadas en Wikileaks para que la embajada norteamericana presionara al PP y a CiU en pro de la norma contra las webs de enlaces para descargas, las mismas webs que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que no son ilegales. Tampoco hay que extrañarse, dado que los intereses de clase que defienden el PSOE, el PP i CiU son los de las compañías discográficas y cinematográficas que priorizan la llamada "propiedad intelectual" frente a la libertad de expresión, intereses a los que responde precisamente la "Ley" Binde-Sinde.

Frente a ello, nosotros negamos la mayor. Como dijimos en nuestro 18 Congreso, "/hay que poner en primer plano la defensa de las libertades democráticas/ (…) /frente a los intentos de restringir la libre comunicación en internet argumentados en la defensa de la “propiedad intelectual”/ (…) /la abolición de la llamada “propiedad intelectual” y en defensa del software libre, es una exigencia para la defensa tanto de la libertad de comunicación como del derecho de los pueblos de todo el mundo al libre uso de la tecnología a favor de sus condiciones de vida y salud/". Y a fin de cuentas, lo que estamos apoyando es la aplicación estricta del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Pues ello es precisamente lo que se quiere negar bajo la bandera de la "propiedad intelectual".

Denunciamos el intento de los negociantes de la cultura de enfrentar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura con los defensores de la libertad de comunicación, en un intento además baldío de implantar la censura en un medio como Internet que por su propia estructura facilita burlar dicha censura. Y aplaudimos la digna postura de Alex de la Iglesia, cuya actitud dialogante le ha llevado a comprender que la defensa de la cultura es inseparable de la defensa de la libertad. No es él quien ha de dimitir, sino la ministra Sinde. Y frente a la obsolescencia del mercantilismo capitalista de la información, defendemos el pleno apoyo a la cultura y al trabajo cultural como servicio público.